La Audiencia absuelve a Raquel Bravo y tres técnicos municipales de ignorar denuncias por ruidos

Escrito por el 21 de julio de 2021

Por: Newsdesk

Segunda sentencia contra la exconcejala Raquel Bravo y segunda absolución. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que ni ella ni tres técnicos del Ayuntamiento de Mérida deben ser condenados por ignorar denuncias por ruidos de los locales Marca Sport y Metabar, situados en la calle San Salvador. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo. Ya fue absuelta por hechos similares respecto al pub Caramelo.

Bravo fue vicealcaldesa y concejala de Urbanismo en el Gobierno del popular Pedro Acedo de 2011 a 2015. La Fiscalía pedía para ella cuatro años de prisión y 18 de inhabilitación, así como para el técnico T. M., mientras que la acusación particular reclamaba hasta 40 años de inhabilitación para todos los acusados.

La sección emeritense de la Audiencia Provincial considera probado que entre julio de 2012 y junio de 2014 el establecimiento Marca Sport estuvo abierto al público sin licencia municipal de apertura, lo que fue denunciado por un vecino de la zona. El Ayuntamiento de Mérida tramitó varios expedientes, tanto por carecer de permiso como por realizar obras sin licencia y por exceder el horario de cierre. Asimismo, dos vecinos presentaron denuncias por ruidos.

Para el tribunal, en la tramitación de los expedientes se aprecian «resoluciones contradictorias, medidas sancionadoras acordadas y no ejecutadas, como las órdenes de cierre, dilaciones temporales en su tramitación, omisión de archivo del expediente por causa de caducidad, así como falta de incoación de expedientes sancionadores por ruido».

En cuanto al local Meta Bar, situado en la misma calle, se declara probado que de enero a diciembre de 2014 celebró conciertos o puso música con equipos de sonido a pesar de que no tenía la preceptiva licencia. Los vecinos alertaron sobre estos hechos y sobre el incumplimiento del horario de cierre, lo que generaba molestias por ruidos. La Policía Local también intervino y se llegó a abrir un expediente.

La sentencia señala que para que se produzca un delito de prevaricación por una decisión de una autoridad o un funcionario en un asunto administrativo «la injusticia ha de ser tan notoria que podamos afirmar que nos encontramos ante una resolución arbitraria».

De esa forma, «no toda actuación contraria a derecho, incluso aunque pudiera calificarse de arbitraria, no determinaría de por sí la comisión del delito de prevaricación» si no se constata la «clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad cometida».

No aprecia ilegalidad

La Audiencia Provincial apunta que no cabe duda de que Raquel Bravo tenía las competencias en las materias de los expedientes en cuestión, ya que era responsable de Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana.

Pero añade que, aunque hubo multiplicidad de expedientes «con evidente confusión» y tramitación farragosa por parte del Ayuntamiento, «no puede desconocerse que existió actividad por parte de la acusada» en cuanto a incoación y adopción de medidas. Entre ellas, una orden de cierre que no llegó a ejecutarse, algo de lo que no se considera responsable a Bravo.

En cuanto a las denuncias por ruidos, no queda acreditado que las ignorara, ni tampoco que diera alguna orden para entorpecer su tramitación. De ahí que dicte su absolución.

Respecto al técnico T. M., la Audiencia Provincial indica que no tenía competencias en materia de ruidos y no aprecia inactividad o pasividad en su labor. En términos parecidos se expresa sobre los técnicos F. M. y M. M., de quien señala que no tenía competencias en la materia.


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